Hace ya dos años y medio que se firmó el Pacto de Estado contra la Pobreza suscrito por todos los partidos políticos con representación parlamentaria y la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España.
Más allá de las dificultades de alcanzar objetivos cuantitativos con presupuestos recortados, el Pacto contiene varias decenas de medidas referidas a la calidad de la ayuda, a la independencia de la misma de intereses comerciales o geoestratégicos, a la cancelación y/o sostenibilidad de la deuda externa, a la promoción del tejido social y la Educación para el Desarrollo. El Gobierno tiene la obligación política de presentar un plan con medidas concretas sobre estos particulares, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma del sistema de ayuda, muy tímidamente iniciada, y con la coherencia de políticas para que las políticas comerciales, agrícolas, de seguridad o de inmigración no menoscaben los resultados de la política de desarrollo y cooperación internacional creando más pobreza.
Los pactos, los acuerdos y los compromisos están para cumplirse y más los pactos entre los ciudadanos y los representantes políticos que, valga la redundancia, nos representan.
En tiempos de crisis desde las instituciones y los medios de comunicación brota un discurso que enfrenta las necesidades domésticas con las de los países más empobrecidos. Parece que con la crisis no se puede ser solidario, que hay que solucionar los “problemas de nuestro país” antes de ir a “solucionar los problemas de los otros” obviando que nuestro estilo de vida y nuestra política exterior generan pobreza y menospreciando el valor de las políticas públicas de cooperación y solidaridad, y la importancia de sus efectos y resultados sobre poblaciones con dificultades incomparables con las nuestras, así como su positiva contribución en la construcción en nuestro país de un tejido social activo y comprometido con las causas de la justicia social.
El impacto de la crisis generada por el Norte Financiero está siendo mucho mayor en los países más vulnerables a los que no se debería recortar la ayuda en estos momentos. Igualmente irresponsable y oportunista consideramos la petición de reducir a la mitad la AOD del principal partido de la oposición, el Partido Popular, firmante así mismo del Pacto de Estado contra la Pobreza. Con ello los partidos políticos demuestran que consideran las políticas de cooperación como un gasto público secundario y prescindible, en contra de lo que establece el consenso de la comunidad internacional. (De un artículo de la coordinadora española de ONGD)
Entradas
